El polémico caso de la Universidad Alas Peruanas fue uno de los temas que ocuparon las portadas de los últimos meses, más que por su realce académico, por la corrupción puesta al descubierto en forma de convenios con el Estado y vínculos políticos. Una vez más los peruanos quedamos indignados al ver con cuanta soltura, los Padres de la Patria forman parte de una red de corrupción vergonzosamente amplia.
A raíz de estos bochornosos hechos, se ha iniciado un debate sobre suspender o no la creación de nuevas universidades en el país avaladas por el Decreto Ley No 882, promulgado durante el gobierno de Alberto Fujimori en noviembre de 1996.
Este decreto promueve la inversión privada en el sector educativo para lograr su modernización, atraer capitales a dicho sector y mejorar la educación superior en el país. Asimismo deja establecido que es el Ministerio de Educación el órgano encargado de supervisar el funcionamiento y la calidad de la educación en todas las instituciones educativas, función que hasta el momento parece haber sido totalmente ignorada por los responsables.
Los números hablan de lo bien aprovechada que ha sido esta norma por los inversionistas: en 1980 existían apenas 35 universidades entre públicas y privadas, en 1990, el número de universidades se incrementó hasta alcanzar las 52, y de ahí al 2009 tenemos un total de 98 universidades y 400 sucursales creadas, 4 de ellas no acreditadas por el estado hasta el momento pero que funcionan normalmente y sin problemas.
¿Qué es lo peor de este hecho? ¿Es acaso que la casa del saber, investigación y talento que debería ser la Universidad se está convirtiendo en un negocio, al parecer bastante lucrativo? ¿O la calidad de profesionales que pueden egresar de instituciones con poca experiencia, malos docentes y carreras “de moda”?
Aunque las dos preguntas anteriores hayan quedado circulando en su mente, es pertinente que también tomemos en cuenta un dato muy significativo: la demanda educativa superior en nuestro país, en la actualidad supera a la oferta, lo que origina la proliferación de universidades en el sentido de que todos, sin distinción de lugar de residencia o condición social tenemos derecho a la educación. Por lo cual, la participación de la inversión privada en nuestro país es necesaria para contrarrestar el escaso apoyo que presta el estado a las universidades nacionales.
Una verdadera política educativa superior, debe considerar el aumento de presupuesto a las universidades públicas que en la actualidad afrontan situaciones caóticas puesto que por la falta de responsabilidad del estado, se ven obligadas a garantizar su subsistencia a través de centros de producción propios y priorizan el ingreso económico antes que la formación académica.
Por el momento, la salida más prudente frente a la proliferación de centros de estudios superiores es evaluar minuciosamente si estos cumplen con las funciones estipuladas en el mismo Decreto Legislativo que ha permitido su creación: la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. Además ponemos en tela de juicio la calidad de sus docentes, la infraestructura que ofrecen, los contenidos y planes curriculares establecidos para cada carrera e incluso, si la oferta de carreras profesionales está en correlación con el mercado laboral actual con proyección al futuro.
A todas estas características que debería tener una universidad, ya sea pública o privada, correctamente constituida, debe sumarse la certificación internacional que cada día más países están adoptando, de modo que un profesional pueda desempeñarse en todas partes del mundo sin problemas.
Ha llegado la hora de preguntarnos ¿cuán competente es la formación académica de los jóvenes hoy en día? Pues no nos faltan talentos, ni capacidad, ni iniciativa, pero la presencia de universidades fraudulentas no garantiza profesionales a la altura de las exigencias del mercado laboral. Por otro lado, la carencia de recursos no motiva a los jóvenes a desarrollar su carrera con la visión de contribuir a la mejora de la sociedad. A este paso, nuestro país presenta un futuro inmediato cada vez más incierto.
marzo - 2010.
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